(InfoGEI) La difusión de estos datos coincide con una investigación judicial iniciada por la presunta utilización de personas en calidad de "aportantes truchos" a las campañas del oficialismo gobernante en la Provincia y la Nación.
El portal de LU24, de Tres Arroyos, consigna que tal como se puede advertir en el caso local, hay otros municipios en los que habría ocurrido lo mismo y hay denuncias que no habrían tenido el avance esperado en la justicia.
Tal como se puede consultar públicamente en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral, a partir del link https://www.electoral.gov.ar/financiamiento_bkp/aportes-privados.php, o en la planilla de Excel adjunta, figuran como aportantes de diferentes sumas los tresarroyenses Ana Smail (16.000 pesos), Carlos Correa (16.000), César Couso (16.000), Mirta Russo (16.000), Oscar Barroso (16.000), Ana Julia Fernández Pérez (32.000), Cristian Lagrecca (38.000), Domingo Massigoge (32.000), Enrique Groenenberg (38.000), Guillermo Ubaldini (13.000), Horacio Espeluse (38.000), Hugo Costanzo (13.000), Laura Aprile (38.000), Leandro Burgueño (32.000), Lucía Rodríguez (38.000), María Del Aguila (13.000), María Marta Naveyra (38.000), Carlos Rodera (50.000), Carolina Elisiri (25.000) y Guillermina Iriarte (25.000), entre otros.
Cada aportante de los mencionados, figura en la lista 135 atribuida a Cambiemos, su nombre completo, DNI y CUIT/CUIL, la fecha en la que realizó el aporte y el monto. En el archivo Excel que permite descargar la Cámara Electoral, en el que se pueden consultar los aportantes de todas las fuerzas que participaron en elecciones del 2011 al 2015, figura además si el aporte fue hecho en efectivo o por otra modalidad.
Investigación judicial
A pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Sebastián Casanello decidió abrir una investigación penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los responsables financieros formales de la campaña de Cambiemos de 2017 en la Provincia de Buenos Aires, el exintendente y exsenador Alfredo Irigoin y Silvia Chabán, sin descartar que con el correr de la causa se sumen nuevos implicados.
Por su parte, según publica Perfil, el fiscal Jorge Di Lello la última semana pidió datos a Gendarmería, Renaper y ANSES, entre otros organismos para que constate las condiciones socio económicas de las personas afectadas, varias de las cuales pertenecen a barrios humildes del sur del conurbano bonaerense. No se descarta que ahora haga lo mismo con los aportantes tresarroyenses y de otros distritos como Pehuajó (ver aparte), con los que aparentemente se dio una maniobra similar. (InfoGEI)Jd
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